tipos energias renovables

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Primero, YPF firmó con una empresa multinacional que, además de tener un historial sórdido, es hoy prófuga de la Justicia ecuatoriana, luego de ser sentenciada a pagar 19 mil millones de dólares por graves delitos ambientales y violación de derechos de indígenas. Asimismo, en vez del modelo de una sociedad del Estado, se optó por el de una sociedad anónima, lo que sin duda se hizo para evitar los controles públicos y abrió la puerta a un hecho inconcebible: que el convenio firmado entre YPF y Chevron tome un carácter secreto y haya sido ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que debaten la cuestión. Por último, el decreto presidencial, hecho a la medida de Chevron, otorgó tales beneficios que las propias corporaciones mineras, no satisfechas con el generoso marco regulatorio que las ampara, exigirían un tratamiento similar.

Sin embargo, el impacto de la modificación de los peajes en los consumidores es muy variado, lo que complica su cálculo, tal y como ha reconocido la propia CNE en su informe sobre el borrador de la orden ministerial (ver documento en .pdf). A eso se añade que la norma definitiva publicada el pasado 3 de agosto en el BOE (ver documento en .pdf) aplica subidas aún mayores a la potencia y bajadas superiores a la energía de las que se plasmaban en el borrador analizado por la CNE, por lo que sus cálculos solo pueden ser aproximados.

En suma, el Gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros, manipulan, ocultan y niegan información, evadiendo una verdadera discusión democrática y responsable sobre estos temas, que requieren de una mirada estratégica y de largo plazo, así como la participación del conjunto de la sociedad.

El proyecto impulsado por Felber cambia las reglas de juego del capitalismo. El beneficio económico, el dinero,  ya no es el fin de la actividad empresarial, sino un medio para alcanzar su objetivo último: conformar un nuevo orden económico que anteponga la contribución al bien común,  la gestión y venta ética, la calidad del puesto de trabajo, el reparto justo de la renta, los procesos de democracia interna y de transparencia y la reducción de los efectos ecológicos a la cuenta de resultados financieros.

Ese cambio de estructura se ha combinado con una subida del precio aplicado a cada kilovatio (kW) de potencia instalada y una bajada de lo que se paga por cada kilovatio/hora (kW/h) consumido.

Como se aprecia en las cifras, gran parte de los costes está en los pagos por capacidad y las primas a renovables y ciclos combinados, que sumarían 19.800 millones del total, según las estimaciones del Gobierno.

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