fuentes de energia renovables

En otros países, sobre todo los europeos, desde hace aproximadamente 15 años se establecieron políticas públicas para fomentar el desarrollo de fuentes alternas de energía que involucraron e desarrollo de mercados, de equipos y de una regulación ad hoc, así como sustanciales subsidios para sustituir la energía proveniente de los hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de la energía solar en España, en 2008 el gobierno garantizó una rentabilidad anual de 10 por ciento en esos proyectos e incrementó los precios pagados por energía solar hasta en 12 veces el precio de mercado de la electricidad. Con ello, la generación de energías renovables –no sólo la solar– se duplicó entre 2006 y 2012 y España se convirtió en el cuarto productor a nivel mundial. Sin embargo, los subsidios a energías renovables se dispararon: aumentaron de 193 millones de euros en 2007 a 8.1 mil millones de euros en 2012; esto es, 42 veces más. En el contexto de la crisis europea, y en particular de la española, ello se volvió insostenible. Para 2013 los subsidios se redujeron casi 70 por ciento, lo que ahora pone en duda la viabilidad de ese tipo de producción de energía.

Sobre la prioridad La asociación valora por otro lado la propuesta que el Ministerio está manejando sobre la prioridad de despacho: hasta la fecha, las energías renovables tenían prioridad a la hora de vender su energía en el mercado mayorista de la electricidad, un derecho recogido en normativa europea UE/2009/28 de fomento de las energías renovables; sin embargo, el nuevo texto abre la posibilidad de que, de forma encubierta, desaparezca en la práctica esta “prioridad de despacho”, ya que eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico podrían implicar la pérdida de este derecho. La nueva redacción -considera UNEF- “claramente atenta contra los intereses de aquellos que hasta la fecha han invertido en la tecnología fotovoltaica; no reconoce la potencia pico de las instalaciones y utiliza en su lugar la potencia nominal que, de media, es un 15% inferior; esta variable es crítica, dado que la nueva metodología establece que la retribución se calculará en función de la potencia instalada”.

Rumbo a la quiebraEn ese contexto de encastillamiento, UNEF denuncia que el nuevo texto “instaura la más absoluta arbitrariedad e incrementa la retroactividad, ya que todos los parámetros sobre los que pivota la retribución podrán variarse cada tres años. A mayor abundamiento, el gobierno se faculta para cambiar de forma discrecional cada seis años el concepto de rentabilidad razonable para las instalaciones que ya perciben el nuevo régimen económico”. El borrador -explica UNEF- prevé la revisión sistemática del concepto de rentabilidad razonable y del diferencial que se aplica sobre la media del rendimiento de las obligaciones del estado a diez años. Así, “la incertidumbre que genera esta variable no solo imposibilita la financiación de nuevos proyectos, sino que, lo que es aún más grave, también la refinanciación de los actuales”. Las diferentes normativas retroactivas -continúa la asociación- han situado a la mayoría del sector al borde de lo que, técnicamente, se conoce como default, “es decir, que los proyectos no generan la suficiente tesorería como para satisfacer el servicio de la deuda”. Pues bien -concluye UNEF-, “el hecho de no poder refinanciar esta deuda supondrá la quiebra de estas empresas”.

Agregó que como parte de su gestión se realizaron inventarios de fuentes de energía eólica, especialmente en la costa. “Para esto se requiere un cálculo de la energía de viento para conocer su recurrencia y permanencia y así asegurar que se instalen molinos que generen estas fuentes. Con esto no seremos tan dependientes de los combustibles fósiles, ni de energía hidráulica, más allá si consideramos que hay escasez de agua como parte del cambio climático”, sostuvo.

Según la Hilen Meirovich, especialista lídel del Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al 2050 el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe alcanzará los US$ 100 mil millones anuales.

La orden sobre las energías renovables se aplica a todas las agencias federales, civiles y militares. El Departamento de Defensa ya había establecido una meta de que para 2025 el 25% de sus necesidades energéticas fueran cubiertas con energías renovables.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *