energias renovables tipos

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P. Para exportar debe haber empresas que produzcan. Muchas se quejan de la presión fiscal y del precio de la energía.R. Así es. Mire, España negó la crisis cuando llegó, y cuando no hubo más remedio que reconocerla, en la última etapa del Gobierno socialista, se reaccionó con medidas compensatorias añadiendo demanda artificial, con el Plan E y demás acciones. En ese momento lo que cabía era disciplinar la economía. Ahora hemos flexibilizado el mercado laboral para evitar cerrar empresas y nos falta una nueva política energética que nos ofrezca costes competitivos, algo que hoy no pasa.

P. ¿Está España intervenida de facto?R. 40.000 millones de ayuda a la banca es una cifra muy pequeña para el tamaño de la economía española. Mariano Rajoy hizo bien aguantando en los momentos más difíciles sin pedir la intervención. Hoy el Gobierno actúa en una situación mucho más suave que si hubiéramos sido intervenidos. Además, el bono a diez años no nos costaría en torno al 4% o 5%, con la intervención tendríamos bonos basura que costarían del 12% al 15%, nuestros costes financieros serían mucho más altos y habríamos perdido la capacidad de decisión.

P. Usted lleva años intentando lanzar una importante inversión relacionada con el gas…R. Proyectamos una regasificadora en Huelva cuya tramitación está finalizada, con dictámenes y resoluciones favorables. La ley dice que, terminada la tramitación, la autorización debe ser concedida.

P. ¿No debería añadir que, en ese contexto, son clave los reguladores?R. Hace falta un regulador para impedir monopolios o posiciones dominantes. Pero nada genera tanta economía como la lucha de las empresas tratando de hacer el producto que demanda el mercado. Esa lucha diaria mueve el mundo. Eso es el mercado.

La planta piloto lorquina tiene capacidad para procesar unos 36.400 kilogramos de residuos y subproductos al año, lo que supone únicamente el 0,002% de la masa total que se genera anualmente en el municipio.

El motivo principal de oposición a este proyecto de ley se debe a que las más de 22 organizaciones sociales de la región que componen la Coordinadora consideran que esta ley constituye un respaldo flagrante a los megaproyectos hidroeléctricos que se pretenden instalar en la Patagonia chilena, además, según lo expresado en el comunicado público se atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, las áreas silvestres protegidas, derechos de interesados (afectados) no contemplados en el proyecto de ley, entre otros.

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