boletin energias renovables

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La demanda de energía necesita invertir tanto capital que se apela al capital nacional y al capital extranjero. España, como otros países, firmó la Carta de la Energía, que establece el marco de seguridad jurídica para que ciudadanos de otros países inviertan en el extranjero sin tener que conocer toda la regulación local. Confiados en el Plan Nacional de Energías Renovables y en la Carta de la Energía, muchos extranjeros invirtieron miles de millones de euros en España y ahora se han visto perjudicados porque el Gobierno ha cambiado las condiciones de la remuneración de la inversión; por lo tanto el Reino de España ha sido demandado en la Corte de Arbitraje Internacional que entiende de estos asuntos. No es fácil que los fondos internacionales vuelvan a invertir en energía en España si no se restablece la seguridad jurídica en este reino.

En una agitada junta de accionistas en la que Enel tuvo que renunciar a hacer caja con un dividendo extraordinario procedente de los fondos captados en la ampliación entre los minoritarios, los italianos establecieron que la acogida debía ser suficiente para poder ellos suscribir todas las acciones a las que tenían derecho sin sobrepasar el 65% de participación en Enersis. Un porcentaje cuya superación hubiera supuesto la salida forzosa de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile, principales accionistas secundarios de la eléctrica y, por tanto, una de las voces más críticas con la polémica ampliación.

En la producción de energía eléctrica se tardan años desde que se realiza la inversión hasta llegar a producir energía eléctrica; como en este proceso se tienen que pedir múltiples permisos, licencias y autorizaciones que da el Gobierno, se sabe cuánto repercutirá en los ingresos y en los gastos con años de antelación.

En concreto, la Orden dice lo siguiente: “la alta variabilidad de las cotizaciones de la materia prima y flete en los mercados internacionales, cuyas cotizaciones provienen de fuentes limitadas en número y consecuentemente en volumen de operaciones, aconsejan, para aquellos consumos de marcado carácter social, como es el caso de los gases licuados de petróleo regulados en esta orden, buscar fórmulas que garanticen una estabilidad en los precios. Por dicho motivo se limitan las variaciones bimestrales a un 5 por ciento, tanto al alza como a la baja”. Por otra parte, Industria sostiene que “los desajustes incurridos” se recuperarán “en revisiones posteriores”. El ejecutivo establece asimismo en esa Orden que se revisen los costes de comercialización “para ajustarlos a la realidad a la vez que se desindexan del IPC”. Aproximadamente ocho millones de hogares se calientan con bombona de butano. [Foto: albadetormesaldia.es].

La inseguridad jurídica excita a la prima de riesgo”No se trata de que haya gente que pierda su instalación -denunciaba el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca hace unas semanas-; es que hay casos en que pueden llegar a perder su casa, con la que avalaron los préstamos que solicitaron en su momento”. Anpier califica esa secuencia de acontecimientos (rebaja de las primas comprometidas -luego medida retroactiva- e imputación de nuevos impuestos) como “una estafa de Estado sin precedentes en Europa, que afecta de manera directa a más de 55.000 familias españolas y a 15 grandes fondos internacionales de inversión”. Según el presidente de la asociación, “nos encontramos ante una situación de atropello e indefensión desconocida en toda la Unión Europea y que contrasta con la estabilidad regulatoria del resto de Estados comunitarios y, en especial, con la defensa a ultranza de la seguridad jurídica de las inversiones en renovables en suelo alemán que ha realizado recientemente la Canciller alemana, Angela Merkel, y que evidencia dos formas actuar, con sus correspondientes consecuencias. Consecuencias medidas en prima de riesgo”. Anpier insinuaba además hace un par de semanas que el gobierno está estrangulando deliberadamente al sector FV para que quiebre y caiga en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), el denominado Banco Malo, entidad en cuyo consejo de administración se encuentra el ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa y de la que asimismo es accionista Iberdrola.

El déficit de tarifas eléctrico es una simple diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos están regulados por el Gobierno, los gastos también están regulados por el Gobierno. Es un déficit de gobierno.

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